En España, cada vez que estalla un escándalo de corrupción, todos los focos apuntan al político. Es inmediato. Se le juzga en los medios, en la calle, en los bares y en las redes sociales. Y ojo, no digo que no deba ser así. Quién ocupa un cargo público tiene una responsabilidad enorme, y debe responder ante la ciudadanía.
Pero hay una parte del problema que rara vez se menciona: ¿y el empresario que está al otro lado? Porque seamos claros: detrás de cada político que acepta un soborno, hay un empresario que lo ofrece. Sin ese empresario, el soborno no existiría. Y sin embargo, casi nunca se habla de él. Casi nunca se le pone nombre, ni cara, ni se le sienta en el banquillo de la opinión pública.
El Caso Koldo y la Corrupción Política
En estos días estamos presenciando un nuevo episodio de vergonzosa corrupción, en este caso en las filas del PSOE. El caso Koldo, que ya no sé si deberíamos llamar el caso Cerdán o del binomio Ábalos-Cerdán, ha vuelto a mostrarnos con todo lujo de detalles y escuchas telefónicas cómo funcionan las mordidas que se reparten algunos políticos corruptos a cambio de conseguir adjudicaciones públicas para los corruptores, las empresas.
Desde las patronales CEOE y Cepyme no han tardado en cargar contra el Gobierno y han tachado el escándalo de “corrupción política”, nunca empresarial, y su presidente, Antonio Garamendi, ha asegurado que “estamos asistiendo a un deterioro acelerado de nuestras instituciones, de nuestra imagen país y, cada vez se hace más difícil trasladar mensajes de confianza a la ciudadanía y, en el ámbito económico, a las empresas, inversores y mercados”.
Algunos medios han tenido la decencia de poner también la mira en las empresas que han formado parte de esta trama corrupta. La principal implicada es una vieja conocida: Acciona. La empresa de los Entrecanales es citada 161 veces en el informe de la UCO, según un análisis que han hecho en Colmena de datos. Ferrovial y Sacyr, otros dos de los grandes grupos constructores y de servicios del país, también con apellidos ilustres en sus juntas directivas que nos remontan a la dictadura, son citados 13 y 12 veces respectivamente.
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Empresas Citadas en el Informe de la UCO del Caso Koldo
Es bastante curiosa esa visión tan sesgada y miope de eso que ha llamado “corrupción política” y de las causas y causantes del “deterioro acelerado de nuestras instituciones” que denuncia el representante de las grandes empresas. La corrupción no es posible sin los corruptores. Las mordidas no serían posibles sin aquellos que las pagan. Los políticos no se repartirían sobres si no hubiera quien los llenara. La corrupción política no existiría sin los corruptores empresariales.
Pero más sangrante para mis oídos es escuchar las palabras de Garamendi tras echar un simple vistazo a la web de la CEOE. Al visitar la web de la patronal de las grandes compañías, se pueden localizar las empresas que actualmente forman parte de la patronal. No hay que dar ni una vez al scroll, ya que están ordenadas de forma alfabética, para que aparezca la empresa que se encuentra en el epicentro de la trama Koldo y el informe en de la UCO: Acciona.
La empresa que es señalada por la investigación de la UCO y que tiene tras de sí una larga lista de sentencias por amañar contratos o repartirse mercados con otras empresas del sector (también entre las asociadas de la CEOE, por supuesto) forma parte de los asociados de la propia patronal. Pero a Garamendi, por lo que sea, se le ha olvidado citar este detalle cuando ha señalado la corrupción política y el deterioro de la imagen de nuestro país.
No es la única. Ferrovial, la constructora de los Del Pino, protagonista de la mayor mudanza empresarial de este país y del informe de la UCO que ha hecho caer a Cerdán y tambalearse al gobierno, también aparece entre las asociadas a la CEOE. Otras sospechosas habituales de la generación de cárteles y el reparto de contratos públicos como la ACS del señor Florentino Pérez y sus filiales, multadas en repetidas ocasiones, también aparecen en el listado de empresas asociadas a dicha patronal. Por ejemplo, por alterar el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado de 2014 a 2018, es decir, con el Partido Popular.
A dichos empresarios, como al señor Garamendi, se les llena la boca a la hora de hablar de seguridad jurídica, del supuesto “infierno fiscal” que es España, del maligno intervencionismo estatal que según ellos debería desaparecer y, por supuesto, de la libre competencia y concurrencia en la que los empresarios deberían enzarzarse para obtener adjudicaciones de contratos públicos mediante la competencia entre ellas.
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Pero la realidad, las investigaciones policiales y de la CNCM, nos muestran que estos empresarios han hecho todo lo posible para saltarse esa libre competencia y llenarse los bolsillos a manos llenas con el dinero de nuestros impuestos. Unos ingresos tributarios contra los que también cargan de forma constante, pese a que el negocio de muchos de ellos se basa en facturar concursos públicos.
De hecho, que Garamendi diga que destapar una trama de corrupción ahuyenta la inversión de los mercados y mina la confianza de las empresas para traer aquí sus inversiones hace que me cuestione si en realidad lo que quiere decir el presidente de la patronal es que dichas empresas no van a traer su dinero a España si no les dejan ser corruptas y corruptoras, tal y como se ha visto que son algunas de las empresas asociadas a la CEOE.
Dudo si lo que nos quiere decir el presidente de la gran patronal en realidad es que un país donde un informe de la Guardia Civil cita 161 veces a Acciona no es un país donde otras constructoras quieran invertir. Por un lado no podrán competir con empresas totalmente instauradas en las instituciones públicas y los centros de poder desde el franquismo, como es el caso de la familia Entrecanales, dueña de Acciona.
Por otro lado, Garamendi debe pensar que un país donde los cuerpos policiales citan en sus informes a las empresas corruptoras no es un país atractivo para un tipo de empresas que, en cambio, estarían encantadas de formar parte de la CEOE.
Los grandes empresarios de este país ya nos tienen acostumbrados a sus hipócritas falacias e impostada rectitud. Pero, aún así, el descaro con el que nos vacilan es a veces insoportable. Lo hacen porque saben que se lo pueden permitir. Porque ningún gobierno ha puesto verdaderas medidas anti corrupción que señalen y sancionen a los corruptores.
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Si un gobierno impusiera la imposibilidad de presentarse a concursos públicos o trabajar con las administraciones públicas si fueran implicados en casos de eso que Garamendi llama “corrupción política” o en la formación de cárteles para repartirse mercados, acabábamos con estos corruptores en pocos días. Muy posiblemente, la CEOE perdería algunas empresas asociadas.
Sinceramente, espero que caiga hasta el último de los políticos corruptos que nos hacen avergonzarnos del ecosistema político de este país.
Transparencia y Conflicto de Interés
Si un diputado constituye una sociedad, es inmediatamente público. ¿Es legítimo que un político sea socio de una empresa? Absolutamente. Pero debe ser transparente y haber garantía de ausencia de conflicto de interés.
La compraventa de participaciones de una sociedad debería ser igualmente pública, para que pueda conocerse quién está realmente detrás de las empresas. Cualquiera puede saber cuánto paga una empresa en nóminas o de alquiler. Pero no se puede saber quién la controla.
Los españoles y portugueses consideran que alrededor del 50% de los empresarios son corruptos, un porcentaje que se eleva a entre el 60 y el 70% en el caso de los políticos, según un informe financiado por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y la Agencia Valenciana antifraude.
La corrupción que más preocupa a la ciudadanía no es tanto el pago de sobornos, que sigue siendo baja (un 11% en España y un 10% en Portugal, en la media europea que se sitúa en el 11%) sino la que se deriva de la interacción entre política y los negocios. Se cree también que la corrupción no es una circunstancia, sino que forma parte de la cultura empresarial del país para el 70% de las personas entrevistadas en España y el 80% en Portugal, frente al 60% de la media europea.
Percepción de Corrupción en España y Portugal
Un estudio ofrece por primera vez una radiografía de la percepción que tiene la ciudadanía con respecto a diferentes aspectos relacionados en ambos países, con importantes implicaciones para la confianza en las instituciones y el funcionamiento de la democracia.
Fiascos Empresariales y Corrupción
Miguel Ángel Noceda, periodista de El País, especializado en economía, repasa buena parte de todo esto en Fiascos S.A. WMagazín publica un pasaje de este ensayo que sirve de espejo sobre la realidad española cercada continuamente de situaciones de corrupción en todos los ámbitos y niveles. Noceda ha seleccionado los casos que más huella han dejado en España desde la llegada de la democracia: los que han destapado los mayores escándalos de corrupción y otros delitos, desembocando en procesos judiciales que aún siguen sin resolver o tras los que la mayor parte de sus protagonistas terminaron en prisión.
En efecto, a partir de los fiascos que recoge este libro se recorren los acontecimientos económicos, que no son pocos (la crisis bancaria de los primeros años de la Transición, la reestructuración sectorial que dio lugar a la concentración bancaria, la intervención de Rumasa, el derrumbe de Banesto, la reconversión y privatización de los grupos estatales, las relaciones de los agentes sociales entre ellos y con los gobiernos, la entrada en la Comunidad Económica Europea, los acuerdos de Maastricht y la moneda única, el boom de internet, las burbujas tecnológica e inmobiliaria, la reestructuración de las cajas de ahorros y la caída del Banco Popular, las crisis económicas que se atravesaron durante todo este periodo), pero también políticos, algunos en retrospectiva (la legalización del PCE, las primeras elecciones y la financiación de los partidos políticos, el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, la primera victoria de los socialistas, el referéndum de la OTAN, la huelga general del 14-D de 1988, la fuga del director general de la Guardia Civil, el encarcelamiento del exgobernador del Banco de España, los fallidos intentos de José María Aznar para alcanzar el poder hasta lograrlo a la tercera, el nombramiento de amiguetes al frente de las empresas públicas para terminar la privatización, la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero tras los atentados de Atocha en marzo de 2004, la detención del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato).
En todos existe, no obstante, un hilo conductor que pone en evidencia la falta de suficientes mecanismos de control para frenar los desmanes de sus protagonistas o el mal uso de los ya existentes. Ante ello, cabe la pregunta de qué habría sido si se hubiera actuado como se debía y no dilapidando los recursos. Seguramente, se habrían evitado muchos sofocones, pero eso no deja de ser ciencia ficción sobre lo que pudo ser y no fue.
Por otro lado, de la descripción de los hechos se colige el retardo con el que se ponen en marcha los procesos judiciales que los casos aquí descritos han acarreado.
La Reflexión de Garamendi y el Código Penal
En un foro celebrado esta semana por el diario Sur de Málaga con el patrocinio de Unicaja, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, hizo una reflexión a raíz del escándalo Koldo-Ábalos-Cerdán que muestra con descarnada nitidez lo que entiende la patronal por corrupción y ayuda a entender, sin que esa fuese la intención del interviniente, por qué el fenómeno de la corrupción está tan incrustado en España.
Garamendi se refería a la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de endurecer los castigos contra las empresas que ofrezcan mordidas y, muy en concreto, a su frase de que “no hay corrupción sin corruptores”. “No lo admito”, respondió el líder de la CEOE, “porque el que corrompe es el que tiene el poder. No es ‘tengo dinero y te corrompo’, sino que es ‘si no me das dinero, no te doy un pedazo’, porque si hay un concurso ahí fuera, es el que tiene el poder el que realmente tiene la capacidad de corromper”.
Está claro que Garamendi no ha leído, y si lo ha hecho le importa una higa, el capítulo V del Código Penal, que tipifica el delito de cohecho. En él se establecen sanciones a las autoridades o funcionarios públicos que acepten, en provecho propio o de terceros, dádivas, favores o retribuciones. Pero también se sanciona al “particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo (…)”.
Y le impone “las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida”. Lo que el Código Penal viene a decir es que para bailar un tango se necesitan dos, no uno solo como pretende Garamendi.
Garamendi ha expresado su preocupación sobre la situación política en el país, que «da una imagen de España hacia el mundo mala».
| Empresa | Número de menciones en el Informe de la UCO (Caso Koldo) |
|---|---|
| Acciona | 161 |
| Ferrovial | 13 |
| Sacyr | 12 |
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