Ocho empresarios y promotores de la Región de Murcia, algunos de ellos de renombre, se enfrentan a la justicia acusados de pagar a una red de prostitución para tener sexo con menores de edad.
Este miércoles arranca el juicio contra los ocho empresarios y seis proxenetas de la Región de Murcia implicados en una red de prostitución con menores de edad.
El Ministerio Público reclama que a este grupo de empresarios se les impongan penas de prisión de entre cuatro y 24 años de cárcel -en función de las víctimas con las que tuvieron contacto-.
En el banquillo se sentarán, además, los seis presuntos miembros del grupo que se encargaba de captar a las menores para su prostitución.
Para los proxenetas reclaman entre 21 y 56 años de prisión por supuestos delitos de prostitución de menores.
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Todos los acusados eran conscientes de que las víctimas, que por aquel entonces tenían entre 14 y 17 años, no habían alcanzado la mayoría de edad, según el escrito de acusación.
Detalles de la Trama de Explotación
Esta presunta trama, según sostiene el fiscal en su escrito, estaba liderada por varias mujeres que captaban a adolescentes en las puertas de discotecas de menores e incluso en colegios.
La Fiscalía reclama para las supuestas cabecillas de la red penas que oscilan entre los 21 y los 56 años de cárcel por supuestos delitos de prostitución de menores.
Una vez que las 'madame' contactaban con las adolescentes, explica la Fiscalía, se hacían con sus números de móvil y con algunas fotografías provocativas que les pedían que les mandaran.
El Ministerio Público sostiene que las acusadas convencieron a las menores, de 16 y 17 años, para acudir a encuentros sexuales con hombres a cambio de dinero.
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En algunos casos, las adolescentes eran trasladadas a un despacho de abogados del centro de Murcia para estos servicios, según expone el fiscal en su escrito.
Una de las víctimas presuntamente cobró 70 euros, que le pagaron las personas presentes en ese despacho tras tener sexo con ellos.
De acuerdo con el diario La Verdad, las partes están negociando un posible acuerdo de conformidad que implicaría una rebaja de las penas de prisión que afrontan los acusados pero que pasaría, en todo caso, por un reconocimiento de los hechos.
Los acusados no solo eran conscientes de que estaban contratando a niñas, además las pedían a propósito.
En su escrito, la Fiscalía menciona cómo uno de los acusados, apodado 'El Petrolero', pedía siempre “chicas jóvenes y nuevas para tener relaciones sexuales con ellas”.
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Según el Ministerio Fiscal, a una de las víctimas se le obligaba a mentir con su edad: “Decir que era menor aún de lo que era, es decir, manifestar que tenía 15 o 16 años, ya que a los clientes esto le daba más morbo”.
Los proxenetas crearon toda una red de explotación donde exigían a las menores imágenes suyas en ciertas poses, que luego incluían en un catálogo.
En total, llegó a haber fotos de más de 400 personas, entre las que se encontraban las imágenes de las doce niñas liberadas.
El documento explica cómo los organizadores de esta red engañaban a las jóvenes prometiéndoles “mucho dinero” a cambio de trabajos de masajista, siempre con ánimo de introducirlas en su negocio de ofrecimiento sexual a personas mayores.
“La había conocido en una discoteca donde había muchas chicas menores, en horario vespertino de cinco a diez de la noche, a fin de embaucarla para que ejerciera la prostitución para ella, sin que esta antes se hubiera en ningún momento planteado esa posibilidad”, relata el Ministerio Fiscal sobre una de las captaciones.
Además de los implicados que captaban a las niñas, la red también contaban con un hostal que cedía las habitaciones donde se ejercía esta explotación infantil a cambio de parte de la recaudación.
Suspensión de Penas y Reacciones
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha suspendido este lunes la pena de entrada en prisión impuesta a cuatro de los siete empresarios que fueron condenados el pasado 11 de septiembre por prostitución tras reconocer haber tenido sexo con menores de edad a cambio de dinero.
Así lo ha notificado la Sala 'in voce' a los condenados en la vista que ha tenido lugar este lunes, en el Palacio de Justicia de Murcia, para examinar la petición de las defensas de suspender las penas de prisión.
No obstante, el fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga, se ha opuesto a la suspensión de la pena en el caso del condenado que acumulaba una mayor pena -de 25 meses de prisión-, J.C.A.; así como en el caso de una de las 'madammes', R.D.T.; y en el caso de uno de los 'taxistas' que transportaba a las menores hasta los clientes.
En cambio, el fiscal sí ha apoyado la suspensión de la pena de entrada en prisión para otros tres empresarios que estaban condenados a cinco, seis y diez meses de cárcel, respectivamente, por delitos de prostitución de menores.
Cabe recordar que a uno de los 13 condenados, de 90 años, ya se le suspendió la pena.
Así pues, quedan por declarar otros seis condenados, cinco de los cuales han sido citados este martes, 8 de octubre, y el último comparecerá el 14 de octubre.
En el caso del condenado J.C.A., que acumula una mayor pena de prisión, el fiscal se ha opuesto a la suspensión de la entrada en la cárcel "por los múltiples delitos" que cometió -un total de cinco- al entender que la "reiteración de los hechos" no le hacen beneficiario de esa medida.
En este caso, el Fiscal ha transmitido al abogado defensor de J.C.A. que, en su opinión, esa reiteración de los hechos "merece una responsabilidad penal".
"Niego que alguien se declare culpable en aras de obtener un mejor beneficio cuando fuere inocente", ha señalado el fiscal.
"Si J.C.A. asumió los hechos, fue libremente", ha apostillado el representante del Ministerio Público, quien ha señalado que, si este proceso judicial ha sido una "travesía en el desierto" para el acusado, "imagínese para las víctimas".
La Sala ha brindado a J.C.A. la oportunidad de pronunciarse para demostrar que está integrado en la sociedad.
"Tengo varias empresas y las presido todavía; yo estoy reinsertado", ha defendido el procesado, quien también ha recordado que tuvo un ictus y que lleva marcapasos.
En este sentido, la Sala ha decidido conceder a J.C.A. la suspensión de pena de forma provisional con base en lo recogido en el Código Penal, porque en el proceso se ha cometido dilaciones indebidas, entre otras cosas.
Así, ha tenido en cuenta que la pena acumulada por el procesado no supera los dos años de prisión.
En cualquier caso, la Sala sí ha condicionado esta suspensión de pena al hecho de que J.C.A. cumpla una serie de requisitos como, por ejemplo, la prohibición de aproximarse a las cinco víctimas o comunicarse con ellas durante cuatro años; así como que no cometa ningún delito en esos cuatro años; y que siga un programa de conductual de reeducación sexual.
En el caso de M.D.T., el fiscal se ha opuesto a la suspensión "porque es una pena de un año y tres meses de cárcel y porque forma parte del organigrama" de la organización, tal y como ha añadido.
Cuando la Sala le ha dado la palabra, M.D.T. ha alegado que tiene "familia" y "trabajo", al tiempo que está "adaptado a la sociedad".
La Sala ha suspendido el ingreso en prisión porque la pena de cárcel era inferior a dos años.
No obstante, ha condicionado esta decisión a que el condenado cumpla una serie de requisitos como, por ejemplo, que no cometa nuevos delitos durante un plazo de tres años; que se mantenga alejado, al menos, a 500 metros de las víctimas durante ese mismo periodo; y que siga un programa de reeducación conductual en materia de sexualidad.
Puesto que el fiscal ha anunciado que recurrirá esta decisión, la Sala ha reconocido que no puede declarar el fallo firme.
El fiscal sí se ha mostrado conforme con la suspensión de la pena a otros tres condenados, como son J.A.A.L., que había sido condenado a seis meses de cárcel; A.G.P. que fue condenado a un total de diez meses de prisión; y J.J.A., que había sido condenado a seis meses de cárcel.
En todos estos casos, el fallo sí ha sido declarado firme al contar con la conformidad del fiscal, los letrados de la defensa y de los propios condenados.
No obstante, se ha condicionado igualmente la suspensión a que los condenados no cometan nuevos delitos; se mantengan alejados de las víctimas; y que sigan el programa de reeducación conductual en materia de sexualidad.
Cuando la Sala ha dado la palabra a uno de estos condenados, A.G.P., ha esgrimido que tiene 81 años y que su mujer padece alzhéimer.
La Audiencia Provincial de Murcia ha otorgado este martes la suspensión de las penas de prisión del resto de empresarios acusados de delitos de prostitución de menores, tras la resolución de este lunes en el que cuatro de los acusados se libraran también de la cárcel.
Según informa 'La Verdad', se trata de J. P. A., de 72 años y J. M.
A pesar de que la Fiscalía se haya opuesto a la suspensión de las penas, la Sala ha aplicado el criterio de que las condenas que no superan los dos años de prisión pueden ser eludidas cuando se cumplan unas condiciones determinadas.
«El sistema no puede volver a defraudar a estas chicas», remarcó el teniente fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga, el lunes en la primera vista oral.
Pese a que la decisión de los jueces también ha sido duramente criticada en la calle, esta responde a la petición que realizaron casi la mitad de las víctimas de esta red.
Cinco de las once afectadas pidieron expresamente a los magistrados que no mandasen a los condenados en prisión y que les concediesen una segunda oportunidad.
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